Andrés, un inmigrante venezolano de 60 años con 30 años de experiencia en ingeniería mecánica, trabaja 60 horas a la semana como conductor de Lyft y repartidor de DoorDash.
Cuando el ejército venezolano comenzó a acosar a Empresas Polar, la empresa donde trabajaba, Andrés perdió su empleo. El gobierno venezolano acusó a la compañía, el mayor distribuidor de alimentos y bebidas del país, de generar escasez falsa. Andrés, cuyo apellido se omite debido a su estatus migratorio, no pudo conseguir trabajo en Venezuela. Solicitó asilo en Estados Unidos hace tres años, dijo.
“Lo más duro es salir, es emigrar del país”, dijo. “Después uno dice, ‘bueno, lo que sea, uno tiene que ser fuerte y vencer la adversidad’”.
Andrés comenzó una nueva vida en EE.UU. bajo asilo. Ahora, teme que la vida que ha reconstruido en Norteamérica sea arrebatada, ya que la administración del presidente Donald Trump está intensificando los esfuerzos de deportación.
Hasta saber qué le depara el futuro, Andrés pasa sus días recorriendo las calles de Gainesville, recogiendo pasajeros y entregando comida, lejos de los pisos de fábrica donde una vez trabajó como ingeniero en Empresas Polar.
Aunque trabaja legalmente mientras su caso de asilo sigue pendiente, Andrés no se siente seguro mientras espera una decisión sobre su solicitud, lo que podría significar verse obligado a salir de EE.UU.
"Ningún inmigrante está a salvo hasta que no se cierre y se le dé su procesamiento ilegal”, dijo. “Uno nunca está seguro hasta que me den por lo menos una residencia formal”.
Para personas como Andrés, el Estado del Sol es un destino ideal para quienes huyen de la inestabilidad política y las dificultades económicas. Casi 2.8 millones de inmigrantes llegaron a EE.UU. entre julio de 2023 y julio de 2024, de los cuales más de 411,000 eligieron Florida como su destino.
Cambios en la política
El gobernador Ron DeSantis prometió vetar un proyecto de ley de aplicación de inmigración, llamada Ley TRUMP, en enero, argumentando que no era lo suficientemente severo. Si se aprueba, asignaría más de $500 millones para la aplicación de la ley a nivel local, aumentaría las sanciones penales para inmigrantes quienes no son autorizados, crearía una nueva oficina estatal para supervisar las deportaciones y ordenaría la pena de muerte para cualquier inmigrante indocumentado condenado por un delito capital, como violación o asesinato de un menor.
El proyecto de ley surgió de una sesión legislativa extraordinaria ordenada por DeSantis después de que el presidente del Senado, Ben Albritton, y el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, rechazaron las propuestas iniciales. La versión del Congreso estatal trasladó parte de la autoridad de aplicación de la ley de inmigración de la oficina del gobernador al comisionado de agricultura del estado, Wilton Simpson.
La administración Trump anunció el 1 de febrero que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permite a los inmigrantes trabajar en EE.UU. sin riesgo de deportación, a partir del 7 de abril. Casi 300,000 venezolanos están en EE.UU. bajo la designación de TPS otorgada por el expresidente Joe Biden en 2023, incluyendo a Andrés. La administración Trump anunció una extensión del TPS para ucranianos y sudaneses debido a “condiciones extraordinarias y temporales”.
Aquellos que antes estaban protegidos de la deportación ahora deben apresurarse para encontrar una vía legal para permanecer en EE.UU. Como miles de inmigrantes en Florida, Andrés está atrapado en un limbo legal, esperando una decisión que podría definir el resto de su vida.
Asistencia legal
Las leyes federales de inmigración han estado vigentes durante décadas, dijo Freddy Maldonado, un abogado de inmigración con sede en Gainesville. Los inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales o con órdenes de deportación, y aquellos que pierdan el TPS, son los más vulnerables a los cambios bajo la administración Trump, explicó.
"A menos que caigas en una de esas categorías, desde una perspectiva legal, no verás demasiados cambios", dijo.
Quienes están en EE.UU. legalmente o a través de programas de protección deberían estar a salvo de la deportación, agregó.
Los inmigrantes aún pueden obtener estatus legal mediante diversas vías, incluyendo peticiones familiares o de empleadores, prueba de matrimonio con un ciudadano estadounidense y la obtención de una tarjeta de residencia. Lo que cambia es cómo las políticas estatales, como la Ley TRUMP, influyen en la forma en que se aplica la ley de inmigración en Florida, señaló Maldonado.
Para aquellos que no pueden pagar representación legal en el proceso de preservar su residencia en EE.UU., los abogados de inmigración suelen ofrecer consultas gratuitas o a precios "relativamente accesibles" para discutir inquietudes, agregó Maldonado. Organizaciones de asistencia legal como Florida Legal Services Inc. y clínicas de inmigración, como la de la Facultad de Derecho Levin de la Universidad de Florida, también están disponibles.
El despacho de Maldonado ha visto un aumento en las consultas de inmigrantes que temen que los cambios en las políticas puedan afectar su futuro en EE.UU.
"Estamos agendando citas con dos semanas de anticipación, algo que nunca habíamos tenido que hacer", dijo. "Personas que han tenido la opción de ajustar su estatus por años o décadas ahora están considerando seriamente hacer algo al respecto".
Buscando seguridad
Carlos Casanova, un profesor en el Hamilton Center de la Universidad de Florida, sabe de primera mano lo que significa huir de la persecución política. No solo fue testigo de la opresión, sino que se convirtió en un objetivo.
Como profesor en la Universidad Simón Bolívar en Caracas de 1996 a 2003, Casanova fue crítico del creciente control del gobierno sobre la educación superior. Vio a las universidades como una de las últimas instituciones independientes en el país y luchó por mantenerlas libres de influencia política.
Cuando el gobierno destituyó por la fuerza a los líderes universitarios y los reemplazó con aliados políticos, Casanova organizó protestas estudiantiles para resistir la toma del poder. Rápidamente se convirtió en una figura reconocida de la oposición nacional.
Entonces comenzaron las amenazas. Le dijeron que la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela lo estaba “vigilando”.
"Sabía lo que significaba", dijo Casanova. "Dicen que se suicidó, que tuvo un accidente. Nunca fue un accidente".
Ya lo había visto antes. Profesores, periodistas, sindicalistas —cualquiera que hablara en contra del gobierno— desaparecían o aparecían muertos en circunstancias sospechosas.
Después de un intento de golpe de estado contra Hugo Chávez en 2002, el gobierno intensificó la represión. Casanova salió de Venezuela para ocupar un puesto de investigador visitante en EE.UU. en 2003, con la intención de regresar después de un año. Mientras estaba en el extranjero, se dio cuenta de lo peligroso que sería volver.
En su lugar, construyó una vida en el extranjero —primero en EE.UU., luego en Chile por casi 17 años— antes de regresar a Florida en 2023 para un puesto en la UF. Pero incluso después de décadas fuera, la crisis de Venezuela sigue siendo personal.
“El gobierno de Estados Unidos se trajo a todas estas seiscientas mil personas prometiéndoles protección.,” dijo. “Ahora de repente están revisando esa promesa. ¿Qué pasa con ellos? No pueden regresar.”
Su primo en Miami es uno de los que enfrenta un futuro incierto. Él y su esposa trabajan para mantener a sus dos hijas, una de las cuales acaba de comenzar la universidad. Perder el TPS significa perder permisos de trabajo y protección contra la deportación. Su única opción sería regresar a Venezuela.
Casanova dijo que EE.UU. tiene la obligación moral de respetar los compromisos asumidos por administraciones anteriores.
Conversaciones alguna vez repletas de ilusión y ambición rodeando el estatus legal de inmigrantes han sido reemplazadas por miedo a que vidas completas sean deshechas.
“Ya no se trata de política,” dijo Casanova. “Es sobre las vidas de estas personas.”
Realidades de deportación
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene cuatro centros de detención para inmigrantes en Florida, incluyendo el Centro de Detención del Condado de Baker. La mayoría de los detenidos están retenidos por violaciones migratorias y no criminales, dijo Joan Anderson, fundadora de Baker Interfaith Friends, un grupo de apoyo local que ayuda a los detenidos a través de programas de visitas. Estos detenidos enfrentan condiciones más duras que cumplir una sentencia penal, agregó.
Baker Interfaith Friends busca mejor entender las complejidades del proceso migratorio al conocer las historias de vida de aquellos detenidos. Ofrece socialización y un hombro en el cual apoyarse para los inmigrantes. Durante una visita a un centro penitenciario privado en Folkston, Georgia, la organización se reunió con personas del norte de África que habían realizado viajes arduos, algunos tardando hasta dos años en llegar a Estados Unidos.
"Estaban tan felices cuando cruzaron la frontera, porque estaban seguros de que cuando la gente conociera las situaciones de las que huyeron, serían recibidos y cuidados", dijo Anderson.
Si bien existen caminos hacia un estatus legal, cada uno presenta obstáculos, como retrasos, costos elevados y requisitos legales complejos. Muchos inmigrantes tienen dificultades para obtener asistencia legal, lo que prolonga sus casos y aumenta el riesgo de deportación. Para personas como Andrés, cuyo caso de asilo sigue pendiente, o el primo de Casanova, quien enfrenta la pérdida del TPS, el estatus legal es más que un simple trámite: es la diferencia entre seguridad e incertidumbre, estabilidad y desplazamiento.
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