Translated by Kristine Villarroel
Luego de que las órdenes de quedarse en casa fueron implementadas en marzo, Mercedes, una inmigrante indocumentada, tuvo su horas de trabajo reducidas de 40 horas a la semana a 30. El hotel en el que trabajaba como recepcionista tenía menos clientes, ella comentó.
Su cuenta de luz de 300 dólares y su renta de 900 dólares consumieron los 2,000 dólares en su cuenta de ahorros, comentó Mercedes. Su hermana incluso la ayudó a pagar la renta y manejó desde Boston hasta Gainesville para cuidar a Rodolfo, su hijo de 10 años, luego de que las Escuelas Públicas del Condado de Alachua hicieran la transición a aprendizaje en línea en marzo. Mercedes, de 36 años, quien pidió que solo se le identificara por su nombre de pila para proteger su identidad, trabajo durante el día y no podía cuidarlo, comentó.
Tal como Mercedes, algunos inmigrantes están sufriendo de horas de trabajo reducidas y horarios difíciles durante la pandemia del COVID-19. Aquellos con hijos luchan aún más dada la transición al aprendizaje en línea. A pesar de las dificultades, los inmigrantes indocumentados no calificaron para la ayuda de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES). Mercedes, quien es originariamente de Honduras, fue una de los muchos que no calificaron a la ayuda federal ya que es indocumentada.
“Esos recursos no están disponibles para todos”, comentó Mercedes. “Llaman a Gainesville un crisol, pero realmente no se está viendo así”.
La ley CARES le dio ayuda financiera a los residentes del condado de Alachua luchando con pérdida de ganancias de hasta 2,500 dólares. Sin embargo, algunas familias inmigrantes no pudieron recibir ayuda federal luego de perder sus trabajos dado su estatus migratorio, declaró Liz Ibarrola, la directora de asuntos migratorios para la Coalicion de Derechos Humanos del Condado de Alachua.
Para recibir financiamiento de CARES, los aplicantes tuvieron que presentar un número de seguridad social y una forma de identificación. Sin embargo, comentó Ibarrola, los inmigrantes indocumentados no tienen números de seguridad social o formas de identificación federal.
La Ciudad de Gainesville le concedió un cheque de estímulo a los residentes indocumentados en junio. La Coalicion de Derechos Humanos del Condado de Alachua distribuye un total de 30,000 dólares a trece familias necesitadas. Cada familia fue elegible para recibir hasta 2,500 dólares por medio de dos cuotas de 1,250 siempre y cuando vivieran dentro de los límites de la ciudad.
Las familias fuera de Gainesville que conmutan a la ciudad para trabajar en negocios locales quedaron sin ayuda, comentó Ibarrola. La coalición también recaudó 20,000 dolares para otras 22 familias en situaciones similares. Cada familia recibió alrededor de mil dólares.
María, una residente de Gainesville de 34 años e inmigrante indocumentada, recibió alrededor de 1,200 dólares de Madres Sin Fronteras, un movimiento social en Gainesville que aboga por los derechos humanos, comentó ella.
María perdió su trabajo en el Holiday Inn en Archer Road en mayo. Desde entonces, María se ha quedado en casa con sus dos hijos mientras lleva su embarazo de 7 meses.
Su esposo se ha convertido en el sostén principal de la familia, pero sus horas también fueron reducidas, comentó María.
Su familia usó sus ahorros para pagar sus cuentas de electricidad de 200 a 300 dólares y su renta de 1,000 dólares desde junio, declaró María. Desde marzo, han usado alrededor de 9,000 dólares para comprar comida y mantenerse al día con los niños, añadió.
El costo de las compras de supermercado se duplicaron a 800 dólares al mes según María. La familia recogió comidas gratis en las escuelas de sus hijos para ahorrar dinero. Dada la situación en la que se encuentra, le gustaría recibir ayuda con comida pero la ayuda es escasa por culpa de su estatus indocumentado.
Dijo que ya que su esposo esta trabajando, y ella es indocumentada, teme que otros la perciban como un peso en la sociedad. Ella recibió su permiso de trabajo recientemente y está autorizada para trabajar en los Estados Unidos, pero no es legal en el país todavía; pidió que se le identificara por su nombre de pila para proteger su identidad.
“Nadie se imaginó el impacto que el COVID-19 tendría en nuestra comunidad Latina”, comentó. “Ha cambiado completamente las vidas de la gente”.
Kristine Villarroel is a UF journalism senior and The Alligator's Summer 2023 Engagement Managing Editor. She previously worked in the Avenue and Caimán desks as an editor and reporter. In her free time, she looks for dusty fur coats at antique shops and pretends not to be a hater on Twitter.
